FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
En el marco del proyecto de “Fortalecimiento ciudadano para el ejercicio del control social”, con la participación de consejeros territoriales de planeación de municipios como Cucutilla, La Esperanza, Durania, Gramalote, Pamplonita, El Zulia, Cáchira, entre otros, y con la compañía y apoyo de los aliados regionales del programa Cercapaz en la región de Norte de Santander se ha venido desarrollando un proceso de socialización de la estrategia de Fortalecimiento a los CTPs de la región.
Esta estrategia esta siendo aplicada actualmente en 17 municipios del Magdalena Centro y será replicada en una serie de municipios de Norte de Santander, por parte de los equipos profesionales de Funprocep, Unipamplona y Parcomún, organizaciones con reconocido trabajo de base.
El objetivo principal de esta iniciativa apoyada por la GTZ, es generar capacidades y herramientas en los consejeros, de manera que logren avanzar en el seguimiento al plan de desarrollo de sus municipios y se conviertan en una voz ciudadana cualificada que aporte al óptimo desempeño de la gestión pública. >
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Autor: Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG
Correo-e: info@alop.org.mx
La
Mesade Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de ALC ha estado
trabajando para pronunciarse sobre la catástrofe en Haití. Este texto de la
Declaración sobre ésta tragedia contiene una serie de planteamientos dirigidos a gobiernos
y organismos internacionales y multilaterales sobre cómo asumir la
reconstrucción del país que permita un desarrollo sustentable y
equitativo para toda la sociedad haitiana.
Nubes negras oscurecen el presente y el futuro de la descentralización en
Colombia. A la baja capacidad de gestión de un gran número de municipios y de
algunos departamentos, a la multiplicación de manejos corruptos de los dineros
y de las decisiones de los gobiernos locales en algunas regiones del país; a la
dificultad para erradicar la cultura clientelista que persiste entre
gobernantes y gobernados, se suman dos amenazas muy fuertes a la gestión de las
entidades territoriales en Colombia: la influencia de los actores armados en la
vida regional y local, y la estrategia silenciosa de debilitamiento de la
autonomía territorial, operada por el gobierno nacional desde hace varios años.
Los actores armados, especialmente los grupos paramilitares, los
narcotraficantes y las llamadas bandas emergentes, se han instalado en varias
regiones del país y han logrado ejercer una influencia decisiva sobre los
dirigentes políticos locales y sobre las autoridades municipales y
departamentales. El estudio realizado recientemente por Foro Nacional por
Colombia sobre el impacto de los actores armados en la gestión municipal,
apoyado por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en el marco de las actividades
de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo
Territorial (RINDE), muestra a las claras cuáles han sido las estrategias de
los actores ilegales para asentarse en el territorio, capturar los partidos
políticos, aliarse con las élites locales y ganar una alta influencia en las
decisiones públicas sobre programas de desarrollo y asignación de recursos de
inversión. Esa influencia ha tenido un efecto muy negativo sobre el proceso y
los resultados de la gestión, en particular sobre la posibilidad de que los
habitantes de esas zonas puedan ejercer plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
En lo que respecta a la estrategia del gobierno nacional de debilitar la
descentralización, dos instrumentos se han revelado como fundamentales en su
implementación: de un lado, el recorte de recursos a los municipios y
departamentos, y el consecuente fortalecimiento financiero de entidades del
orden nacional, como la Consejería para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, que invierten directamente esos recursos en diferentes zonas del
país en campos de competencia de municipios y departamentos. De otro, la
imposición, mediante decretos y otros instrumentos normativos, de controles y
decisiones nacionales que pasan por encima de las decisiones locales. El
decreto 28 de 2008 y otras normas que, por ejemplo, facultan al gobierno
nacional a pasar por encima de los planes de ordenamiento territorial y de
programas locales, cuando se trata de megaproyectos del orden nacional, son muestra
evidente de que el gobierno nacional quiere imponer su ley, en un arranque de
autoritarismo que viola la autonomía municipal y departamental consagrada en la
Constitución y sus desarrollos legislativos.
Por eso es necesario fortalecer la descentralización, para lo cual es
preciso que la sociedad civil y las autoridades municipales y departamentales
tomen conciencia de lo que ocurre actualmente en el campo de las relaciones
intergubernamentales, así como de la influencia de los actores ilegales en la
vida regional y local. Pero no basta con la toma de conciencia. Es vital
fortalecer técnica y políticamente a las administraciones municipales y
departamentales que lo requieren –que son la mayoría en el país- y activar una
iniciativa ciudadana, hasta ahora complaciente con la gesta autoritaria del
gobierno nacional.
Una de las formas en que la ciudadanía puede aportar al fortalecimiento de
la descentralización es a través del ejercicio del control social y la petición
permanente de cuentas a los mandatarios municipales y departamentales, así como
a concejales y diputados. Por esa razón, Foro ha querido dedicar este número
del Boletín Foro Municipal a la realización de un balance de los dos primeros
años de la gestión de los Alcaldes de Bogotá y Cali, incluyendo una reflexión
sobre el alcance de la reforma política de 2009, especialmente en lo
relacionado con el castigo a la relación de la dirigencia política con los
actores armados.
Esta labor de Foro y de otras entidades que trabajan en la misma dirección
deberá ser apoyada y enriquecida por los Consejos Territoriales de Planeación y
por todos los espacios de participación ciudadana que tienen funciones de
vigilancia de la gestión pública. Ampliar la voz ciudadana, fortalecer la
deliberación pública y mantener una interlocución permanente con las
autoridades públicas son urgencias inaplazables en la mira de fortalecer la
descentralización. No hacerlo significará la muerte de esta última y, por
tanto, el debilitamiento de un escenario de profundización de la democracia en
Colombia.
El Decreto 28 de 2008 tiene por objeto definir la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecuten las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, la cual se aplicará en concordancia con los artículos 209 y 287 de la Costitución Política.
Las disposiciones en este decreto son aplicables a las entidades territoriales, responsables de la administración y ejecución de los recursos de la asignación especial del Sistema general de Participaciones con destino a los resguardos indígenas.